La Resistencia de los Trabajadores y el Impacto en los Usuarios: El Caso EPEC en Córdoba

La oposición a la privatización de la empresa de energía provincial revela tensiones entre el gobierno y los actores sociales.

Entrevista con Alfredo Seydel Secretario de Derechos Humanos de Luz y Fuerza

Córdoba. En el centro de una nueva controversia, el gobierno provincial busca transformar la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) en una sociedad anónima, generando una fuerte reacción por parte del Sindicato de Luz y Fuerza. La medida, calificada por los trabajadores como el primer paso hacia la privatización, reaviva un viejo debate sobre la gestión de los recursos públicos y el impacto que esto podría tener en los usuarios del servicio eléctrico.

Alfredo Seydel, secretario de Derechos Humanos de Luz y Fuerza Regional Córdoba, expresó su preocupación en una entrevista con Radio Panamericana: “No hay motivos económicos que justifiquen esta decisión. EPEC es una empresa superavitaria que brinda un servicio eficiente y está a la vanguardia tecnológica”.

Según el gremio, la intención de convertir EPEC en una sociedad anónima permite al gobierno sortear los controles estatales y abrir la puerta a intereses privados. “Cualquiera que entienda del tema sabe que cambiar la persona jurídica es el inicio de la privatización. Hoy te dicen que el 99% de las acciones seguirán en manos del Estado, pero esto solo marca el comienzo de la venta progresiva”, afirmó Seydel.

El sindicato de Luz y Fuerza ha dejado clara su postura: resistirán la medida a través de asambleas masivas y movilizaciones. “Nuestro fuerte es nuestra fuerza colectiva. Nadie nos regaló nada; lo que hemos conseguido, lo defendemos”, afirmó el dirigente gremial.

Los trabajadores temen que esta transformación implique recortes de derechos laborales y precarización del empleo. También señalan que la narrativa gubernamental busca desviar la atención del verdadero problema. “Nos acusan de tener privilegios, pero el eje debe estar en que quieren vender una empresa modelo sin razón económica aparente”, enfatizó Seydel.

La privatización de servicios públicos suele estar asociada con un deterioro en la calidad del servicio, según los opositores a esta medida. Seydel subrayó que, en provincias donde empresas energéticas han sido privatizadas, los usuarios han sufrido cortes prolongados y tarifas elevadas. “En Buenos Aires, muchas personas estuvieron hasta 12 días sin luz tras una tormenta. En Córdoba, gracias al esfuerzo de los trabajadores, el servicio se restableció en menos de 24 horas”, recalcó.

Los usuarios también podrían enfrentar un cambio en la filosofía de la empresa, pasando de un modelo de servicio público a uno basado en la rentabilidad. “El objetivo principal de EPEC siempre ha sido garantizar el suministro de energía. Si se prioriza el lucro, los usuarios serán los primeros perjudicados”, advirtió el sindicalista.

El caso de EPEC no es un hecho aislado. Se inscribe en un contexto más amplio de reformas estructurales promovidas por el gobierno provincial, que también han afectado a otras empresas públicas. Para el sindicato, la legislatura provincial ha actuado como cómplice de un modelo privatizador que prioriza los intereses privados sobre los colectivos.

En las próximas semanas, se esperan acciones concretas por parte de los trabajadores. La asamblea realizada recientemente fue calificada como “numerosa” y determinó un plan de lucha que incluirá movilizaciones y diálogo con los distintos bloques legislativos.

La transformación de EPEC en una sociedad anónima plantea preguntas profundas sobre el futuro de los servicios públicos en Córdoba. Mientras el gobierno avanza con su propuesta, la resistencia de los trabajadores y la preocupación de los usuarios revelan las tensiones entre las decisiones políticas y las necesidades sociales. En un país con experiencias contradictorias sobre la privatización, el caso de EPEC podría convertirse en un referente clave para el debate nacional sobre el manejo de los recursos públicos.