Histórico fallo ambiental en Córdoba: la Justicia obliga a sanear el Lago San Roque

Entrevista del periodista Juan Yacobs de Radio Panamericana FM 103.7 a la Dra. María Laura Carrizo, representante de la FUNDEPS

En un hecho sin precedentes para la justicia ambiental cordobesa, la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación dictó una sentencia favorable en el marco de un amparo presentado por la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente y los Derechos Humanos (Fundeps), obligando al Estado provincial a implementar medidas concretas y urgentes para revertir el deterioro de la cuenca del Lago San Roque.

La noticia fue celebrada con entusiasmo por la Dra. María Laura Carrizo, representante de Fundeps, en diálogo con el periodista Juan Yacobs en el programa “Contacto Global” de Radio Panamericana FM 103.7. “Es una gran sentencia, un hito histórico para la justicia ambiental de la provincia”, destacó Carrizo, quien remarcó las dificultades para obtener fallos de este tipo en Córdoba.

El amparo fue presentado en 2022, luego de que Fundeps realizara un diagnóstico sobre las principales cuencas hídricas de la provincia. El estudio reveló que el Lago San Roque atraviesa una situación de contaminación gravísima, producto de décadas de promesas incumplidas y ausencia de políticas públicas efectivas. A pesar de los discursos oficiales, la realidad del lago muestra colmatación, toxicidad y un deterioro alarmante del ecosistema.

El fallo judicial establece como obligación central que, en un plazo de ocho años, al menos el 85% de los hogares de la cuenca estén conectados a la red cloacal. Actualmente, gran parte de los sistemas sólo cuentan con redes troncales sin conexión domiciliaria, lo que representa una de las causas principales de la contaminación.

“La sentencia pone un límite al eterno pase de pelota entre autoridades municipales, comunales y provinciales. Ahora hay responsabilidades claras para cada actor”, explicó Carrizo. El fallo ordena, además, la revisión y ejecución del Plan de Gestión de la Cuenca del Lago San Roque, incorporando medidas vinculadas al control de incendios, acceso a la información pública, participación ciudadana y auditorías.

Según Carrizo, este logro fue posible gracias a la persistencia de la sociedad civil y al acompañamiento de la comunidad. “Nuestro trabajo ahora es seguir de cerca el cumplimiento de los plazos. Si no se cumple, volveremos a insistir, como debe ser. Es nuestro rol”, concluyó.

La decisión de la Justicia representa un fuerte llamado de atención para las autoridades provinciales y locales, que ahora deberán asumir su responsabilidad ante un problema que ya no puede seguir postergándose. La salud ambiental del Valle de Punilla, y la calidad de vida de miles de cordobeses, están en juego.